Entre 2007 y lo que va de este 2018 los partidos políticos han recibido más de 100 mil millones de pesos para financiar sus campañas políticas, recursos que provienen de los impuestos de los mexicanos. Sin embargo, no les es suficiente.
Y es que además de recurrir a los recursos públicos, los partidos políticos mexicanos hacen uso de contribuciones ilegales de particulares o de dinero que proviene del crimen organizado para que sus campañas políticas puedan operar, según una investigación de Integralia y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
El documento titulado Dinero bajo la mesa. Financiamiento y gasto ilegal de las campañas políticas en México reveló que por cada peso que un partido político reporta como gasto de campaña, hay otros 15 pesos que se utilizan de manera irregular, sin reportarlo ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y con dudas sobre su procedencia legítima.
Según cálculos de estas organizaciones, tan solo entre 2016 y 2017 los candidatos a gubernaturas reportaron gastos por 27.9 millones de pesos, pero en realidad gastaron hasta 425 millones de pesos en su campaña política.
Esos recursos no reportados tienen fuentes de financiamiento específicas: el desvío de recursos públicos, contribuciones ilegales de particulares o recursos que provienen directamente del crimen organizado.
La erradicación del fraude electoral —consecuencia de lo que ocurrió entre 1988 y la década de los 90— trajo consigo la gestación de un problema paralelo: la corrupción en el financiamiento de las campañas y su gasto excesivo, explica Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia, ex consejero presidente del antiguo IFE y coautor de la investigación.
Este sistema, explica, se ha consolidado a partir del clientelismo, uno de los principales rubros de gastos de los candidatos que no se reportan.
Por ejemplo, hay gobiernos que suelen manipular cifras para utilizar los recursos que se obtienen en efectivo, como cuando se reporta que a un evento en el que se cobran las entradas se reporta que solo asistieron mil personas, cuando en realidad hubo mil 500.
Lo mismo pasa con los sobrecostos de obra pública: se reporta que determinados materiales cuestan hasta 600 veces más de lo que valen en la realidad.
Otra práctica común es la creación de empresas fantasma o fachada a las que se les entregan contratos pero que no realizan ninguna actividad.
A esto se añade la subcontratación forzosa, como el uso de universidades públicas a las que teóricamente se les paga por un servicio que nunca dan.
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El clientelismo también sobrevive gracias a la informalidad y la burocracia.
Un voto, por ejemplo, puede ser cambiado por el permiso para poner un puesto en la vía pública o la falta de un voto puede amenazar la forma de vida de una familia que se dedica a esto.
Se trata de algo parecido a lo que ocurre con los programas sociales, que se condicionan según la preferencia electoral o se vuelven un mecanismo de captación de votantes.
Este dinero no reportado se va en el pago de estas estructuras clientelares, en salarios de personas que se dedican a captar el voto y a comprarlo, también en la inhibición del sufragio (compra de INEs para evitar que la ciudadanía vote), así como en la coacción y movilización, como la renta de taxis para transformar a los votantes, etcétera.
«Los partidos evaden la legislación porque es rentable violar la ley, las multas que establece el INE entran dentro de los costos de operación de las campañas», dice Ugalde.
Lo refuerza María Amparo Casar, coautora de la investigación, quien afirma que el precio de las sanciones electorales equivalen a 3.6 por ciento del dinero público que los partidos reciben anualmente. «Esto es un incentivo para los partidos».
Como propuesta para evitar estas prácticas, las organizaciones promueven voto obligatorio y urnas electrónicas. El primero, afirma Ugalde, es el método más eficaz para combatir el clientelismo.
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«Cuando no hay una sanción y el costo de, por ejemplo, trasladar a los votantes recae en el partido se fomenta, mientras que si el ciudadano se hace responsable de las consecuencias de no ir a votar, la carga recae en la sociedad».
Sobre las urnas electrónicas dicen que esto ayudaría a reducir los recursos que se usan en capacitación de funcionarios de casilla y en aquellos que cuentan los votos.