El pasado 31 de mayo, los asesores de Peña Nieto estallaron. Un tribunal ordenó crear una comisión de la verdad para investigar la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
La comisión, según la sentencia, tiene que estar integrada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, familiares de las víctimas y el Ministerio Público de la Federación. A toda prisa, desde los organismos de espionaje del Estado comenzaron a revisar el historial de los jueces y telefonearon a periodistas para filtrarles aspectos personales y oscuras historias sobre sus colaboradores.
Mientras tanto, en los pasillos de la Procuraduría General de la República se comenzó a preparar una defensa legal frente a la resolución de los jueces: difundir la versión de que someter las funciones del Ministerio Público a una comisión es inconstitucional y viola su autonomía.
Los altos funcionarios de la procuraduría tomaron la sentencia del tribunal como una afrenta, ya que no sólo se planteó crear la comisión sino apartar a los fiscales y peritos que han participado hasta hoy en la investigación y –hay que decirlo– en la narrativa de la verdad histórica.
Este jueves, el operativo de manejo de crisis emprendido por la PGR dio frutos. En un posicionamiento emitido al terminar una conferencia, todos los titulares de las procuradurías estatales se manifestaron en contra de la sentencia del tribunal.
Los fiscales de todo el país se pronunciaron contra la creación de una comisión de la verdad y contra la separación de fiscales y peritos de la investigación. Asimismo, respaldaron el argumento de la PGR sobre la inconstitucionalidad de la comisión.
En este teatro montado por el gobierno de Peña Nieto participaron los procuradores de todos los estados sin excepción. Fuentes de seguridad comentan que no fue difícil convencerlos, ni siquiera a los fiscales panistas que más se han enfrentado con el Presidente: Jorge Winckler y César Augusto Peniche.
Winckler, fiscal de Veracruz, ha iniciado investigaciones y ha emitido órdenes de aprehensión contra el exgobernador Javier Duarte y su esposa Karime Macías.
Peniche, fiscal de Chihuahua y cercano a Javier Corral, inició un pleito con Peña Nieto hace unos meses por el arresto de un ex secretario general adjunto del PRI, quien presuntamente desvió cantidades millonarias del erario cuando gobernaba César Duarte para enviarlos directamente los bolsillos del partido en ese entonces encabezado por Manlio Fabio Beltrones.
Al exterior, Ricardo Anaya grita por todas partes que enjuiciará al actual gobierno; sin embargo, al interior del país los fiscales estatales panistas sonrieron para la foto con el resto de los procuradores que dieron un espaldarazo al gobierno de Peña Nieto y a la manera en la que ha investigado la desaparición de 43 jóvenes estudiantes en Guerrero.
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