El presidente municipal de Petatlán, Guerrero, murió de tres impactos de bala: uno en el tórax y los otros dos en cada brazo.
La tarde del jueves 28 de diciembre Arturo Gómez Pérez estaba en una pozolería cuando un hombre con el rostro cubierto disparó contra las ventanas del local. Las balas acabaron con la vida del edil, quien falleció en su traslado al hospital para ser atendido por las heridas.
Con este caso, el último del año, se llegó al asesinato número 20 en el 2017. Se trata de la cifra más alta de presidentes municipales asesinados en los últimos 11 años.
De los 20 ediles asesinados el año pasado, once eran funcionarios en funciones y nueve ya habían terminado su gestión. El PRD y el PRI concentran el mayor número de asesinados: cuatro en cada partido.
Entre 2006 y 2016 fueron asesinadas 86 autoridades locales: 44 alcaldes en funciones, 13 ex alcaldes, dos suplentes, un regidor un síndico, de acuerdo con un estudio de la Asociación de Autoridades Locales de México (AALMAC).
Con los hechos de 2018, se acumula un total de 108 presidentes municipales asesinado en el país.
Un trabajo de alto riesgo
Las entidades de la República más peligrosas para ser presidente municipal son Oaxaca y Michoacán, que concentran el mayor número de asesinatos: 18 y 13, respectivamente. Le siguen Veracruz, Chihuahua y Durango.
La tendencia en 2017 fue similar: Oaxaca se posicionó como el estado más violento, con siete ediles asesinados, seguido de Guerrero y Michoacán, con dos casos cada uno.
Los asesinatos han sido vinculados al crimen organizado. En algunas ocasiones se trata de grupos criminales que buscan el poder en la región, por lo que condicionan a los funcionarios con beneficios económicos o los amenazan para cooptar el control de la entidad.
“La condición en que la delincuencia organizada se ha posicionado en estos municipios es financiando, por ejemplo, campañas políticas de manera irregular; con lo que se espera que el funcionario se alinee a sus propios intereses o de lo contrario se hostiliza, en caso extremo se mata”, explica el especialista en seguridad del CIDE Carlos Flores Pérez.
José Ramón Enríquez Herrera, presidente de la AALMAC, señala que los alcaldes son el eslabón más débil en un contexto de violencia.
“Cuando hay una circunstancia de violencia generalizada, no vamos a ver que estamos (los alcaldes) tan protegidos como el presidente de la república o un gobernador. La fuerza se rompe por lo más delgado y ahí están los regidores, síndicos y presidentes municipales”, apunta.
Enríquez Herrera, que también es alcalde de Durango, aclara que sí existen amenazas contra las autoridades municipales.
“Muchos compañeros alcaldes reciben amenazas y los asesinatos son una manifestación más de que las amenazas se han convertido en una realidad”, dice.
El PRI es el partido con más funcionarios asesiandos: al menos 38. Le siguen el PAN y el PRD, cada uno con 20 víctimas, y el PVEM, con ocho.
Según datos de la Asociación de Alcaldes, el sexenio de Enrique Peña Nieto ha sido el más letal para los presidentes municipales del país, pues en su gobierno han sido asesinados 61 funcionarios. En el gobierno de Felipe Calderón murieron 48 alcaldes.
La solución “no es cuestión del número de policías que tenga un municipio, se necesita desarticular a las redes criminales en su integridad y a quienes les brindan protección dentro de las instituciones, porque se ha demostrado que estas figuras crecen de la mano de actores políticos”, estima Flores Pérez.
El presidente de la AALMAC coincide y opina que este 2018 las asociaciones de alcaldes buscarán establecer un Acuerdo nacional por la Seguridad que conjunte a la sociedad, entidades de gobiernos y organizaciones no gubernamentales.